Rejuvenecer la democracia

América Latina cerró el 2017 con los eventos electorales vividos en Ecuador, Honduras y Chile, los cuales son antesala del clima político que emergerá con las seis elecciones presidenciales programadas para 2018 (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela), en un año que será decisivo para una región en la que la desigualdad, la corrupción y la desconfianza ciudadana en las instituciones son problemas que requieren posicionamientos de fondo para seguir avanzando en la renovación de nuestras democracias.

En este contexto, se ha reavivado el llamado público a la participación juvenil en los procesos electorales, reafirmando que, en una región joven como la nuestra, el voto de las y los jóvenes puede ser decisivo, especialmente si se tiene en cuenta que es de esta población de donde emergen los nuevos votantes. Así, por ejemplo, en Costa Rica, donde los menores de 34 años representan el 40 % de los electores, las próximas elecciones contarán con 300 mil nuevos votantes; mientras que en México 14 millones de jóvenes podrán votar por primera vez, representando el 17 % del electorado.

Sin embargo, fortalecer la participación juvenil en los procesos electorales que se avecinan no es tarea fácil y dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para escuchar y fortalecer los intereses políticos de las y los jóvenes, acercando estos procesos a sus realidades mediante acciones innovadoras que restablezcan su confianza en los mismos. Esto implica impulsar nuevas formas de hacer política, vinculando los espacios, los liderazgos y las propuestas con los cambios que vive el mundo y que demandan las personas jóvenes.

En cuanto a los espacios, es fundamental reconocer el papel que desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales en las decisiones ciudadanas y la incidencia que la información tiene en la movilización de las emociones de los votantes. Esto, que pone en el centro la necesidad de generar estrategias comunicativas desde los Estados para ampliar el conocimiento de los procesos electorales, nos permite reconocer que hoy Internet es un espacio privilegiado por las y los jóvenes para la circulación de información plural, la organización política, la movilización y la incidencia de nuevas fuerzas. Una muestra de ello son los partidos digitales que han nacido en los últimos años para subvertir la política tradicional por medio de estrategias participativas, abiertas y colaborativas, como el Partido de la Red en Argentina y el Partido Digital en Uruguay.

Sobre los liderazgos, habría que tener en cuenta que con un electorado que se mueve por las emociones y no solamente por la racionalidad, es importante impulsar liderazgos que expresen optimismo, renovación y autenticidad y, sobre todo, que sean capaces de motivar a las personas jóvenes con causas específicas, más que con grandes proyectos grupales, a través de un llamado a la búsqueda de soluciones concretas. En tal sentido, se puede recordar, por ejemplo, que, según la Encuesta Millennial realizada por Deloitte en 2017, solamente el 33 % de las y los jóvenes de esta generación, que es la más preparada de la historia, apoyan a líderes que toman posiciones controversiales, que dividen a la sociedad o que claman por una transformación radical. Asimismo, es clave impulsar sus liderazgos apoyando su elección en cargos políticos, tal y como sucedió en Chile donde parlamentarios emergentes han dado un nuevo aire el Poder Legislativo.

Finalmente, en relación con las propuestas, sobra señalar la necesidad de que los intereses jóvenes sean incluidos en los programas de gobierno y, más importante aún, atendidos con agendas concretas. Para ello, se debe recordar que la juventud no puede comprenderse como un grupo homogéneo, sino como una pluralidad de experiencias marcadas por la edad, las condiciones socioeconómicas, el género y las trayectorias personales, entre otras, y que el interés juvenil en las políticas públicas es proporcional al interés de éstas en sus subjetividades y realidades. Sobre todo, es vital que las propuestas emanadas de los procesos electorales confronten problemáticas de fondo, como aquellas anunciadas al inicio de este texto, que movilizan de manera especial a las personas jóvenes y que inciden con fuerza en la calidad de nuestras democracias.

Así, debemos reconocer la dificultad de motivar a las y los jóvenes hacia la democracia representativa cuando seguimos viviendo en la región más desigual del planeta y aún carecemos de agendas compartidas, solidarias y equitativas que garanticen las libertades y el ejercicio pleno de los derechos por parte de toda la ciudadanía. Una expresión de esto es que, según el Informe 2017 de Latinobarómetro, el 73 % de los latinoamericanos piensa que los gobiernos actúan para beneficiar a las élites y no a la mayoría, lo cual genera un desequilibrio en el ejercicio de derechos y en la representación política que logran los sectores privilegiados y los sectores excluidos. En este contexto de injusticia social, en el que el 71 % de la riqueza se concentra en el 10 % más rico de la población, sólo el 69 % de quienes fueron encuestados califica a la democracia como el mejor sistema de gobierno, mientras que el 25 % se muestra indiferente ante el tipo de régimen político.

En este contexto de desigualdad y exclusión, la concentración de la riqueza y el poder se apoyan mutuamente a través de diferentes prácticas como la corrupción, una problemática que, siguiendo los datos de Latinobarómetro, aparece siempre entre las cuatro prioridades señaladas por los habitantes de la región. Escándalos como el de Odebrecht, que ha salpicado a varios países y figuras de la región, son una muestra palpable de prácticas que se han ido naturalizando en nuestra cotidianidad y que están en la base del llamado a la transparencia que realizan varios grupos sociales, entre ellos los y las jóvenes. Porque la paciencia ciudadana se está agotando y la demanda de estrategias coherentes para combatir la corrupción es cada vez más fuerte.

Desigualdad y corrupción se suman para generar una crisis de credibilidad en la gestión pública y de confianza en las instituciones y, por ende, una baja participación en los asuntos político-electorales de la región y un distanciamiento con la política tradicional. Por ello, garantizar la estabilidad de la democracia en América Latina es un tema crucial que requiere recoger adecuadamente las necesidades de la ciudadanía y reconstruir una confianza en lo público basada en resultados. En este sentido, llama la atención que, como lo muestra el Informe de Latinobarómetro, el 59 % de las y los latinoamericanos considere que "tratar a todos por igual" es el aspecto más valioso para confiar en las instituciones, mientras que el 40 % dice que confía cuando "cumplen sus promesas".

En el OIJ sabemos que las personas jóvenes son la principal fuerza política con la que cuenta América Latina y, por ello, las protagonistas de la transformación.

Sabemos también que su participación política no se reduce (ni se puede reducir) a las dinámicas electorales, pero recogemos la tarea de garantizar que sus voces tengan incidencia en el sistema político vigente desde la colaboración, la apertura y la solidaridad. Para ello no bastan el llamado a su participación (que se aviva en períodos electorales para luego morir) ni el reconocimiento discursivo de su importancia. Es necesario ir más allá. Es necesario crear condiciones para que sus opiniones, intereses y puntos de vista, que son las de la cuarta parte de la población latinoamericana, tengan incidencia y muevan la balanza hacia proyectos políticos más justos e inclusivos.

Esto es tarea de todos y hace parte de un compromiso con la sostenibilidad y el rejuvenecimiento de nuestras democracias.